Las empresas privadas podrán participar en el sector de hidrocarburos junto al Estado, según los cambios realizados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma energética del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentada el 5 de febrero.
La modificación incluye un nuevo párrafo al artículo 27 de la Constitución, que establece que el Estado llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos mediante asignaciones a empresas públicas como Pemex o a través de contratos con particulares. “Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares”, se indica en el dictamen.
Sin embargo, se aclara que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, lo que implica que no se otorgarán concesiones directas a empresas privadas. Además, la reforma establece que no se concederán permisos para la explotación del litio y que el Estado será responsable de la transición energética.
El dictamen también señala que el Estado utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo políticas científicas, tecnológicas e industriales para la transición energética y otros impactos ambientales.
La discusión sobre la reforma energética comenzará el próximo jueves en la Comisión de Energía del Senado, presidida por la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, mientras que Miguel Ángel Yunes Márquez se encargará de la secretaría de la comisión.
Entre los cambios más destacados que se buscan realizar a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, está la eliminación de las referencias a empresas productivas del Estado, que serán reemplazadas por el término “empresas públicas”. Esto incluye a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex.
La reforma también pretende que todas las actividades realizadas por empresas públicas del Estado sean incluidas en una lista llamada “áreas estratégicas exclusivas”, lo cual no estaba contemplado en la iniciativa original de López Obrador.
Los especialistas legales advierten que es crucial prestar atención a la aplicación de esta reforma, ya que considerar todas las actividades de CFE y Pemex como áreas estratégicas podría llevar a que estas se realicen exclusivamente por el Estado, abarcando el transporte y comercialización de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad. “Es fundamental delimitar e interpretar la intención del legislador para incluirlas con ese carácter y reflejarlo adecuadamente en la ley secundaria”, concluye la firma de abogados.
