La propuesta de reforma energética, próxima a ser discutida en el Senado de la República, podría entrar en conflicto con al menos cinco capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Un análisis del organismo señala que la redacción de la reforma es ambigua y, tras su aprobación, será crucial que la legislación secundaria respete las disposiciones del T-MEC y otros acuerdos comerciales internacionales.
Uno de los principales puntos de posible conflicto es el capítulo 12 del T-MEC, que regula el comercio transfronterizo de servicios. El IMCO advirtió que la legislación secundaria deberá aclarar cómo se aplicará el concepto de “prevalencia” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), especialmente en cuanto al suministro eléctrico.
Otro capítulo clave es el 14, que regula la inversión. La llamada “cláusula trinquete” del T-MEC impide que los países den marcha atrás en la apertura de sectores económicos al comercio o inversión extranjera. Por lo tanto, introducir restricciones adicionales a las empresas privadas en el sector energético podría generar tensiones legales.
En el capítulo 22, relativo a las empresas propiedad del Estado, se establece que estas deben operar bajo criterios comerciales y con reguladores imparciales. El cambio de la CFE de empresa productiva del Estado a una empresa pública podría contradecir estas disposiciones.
El capítulo 24, sobre cuestiones medioambientales, también podría generar controversias. Si México incumple de manera sostenida su legislación ambiental y ello afecta al comercio o inversión, podría enfrentar sanciones tras un panel de revisión.
Finalmente, el capítulo 32, que trata sobre excepciones y disposiciones generales, obliga a México a aplicar las medidas menos restrictivas en cuanto a inversión, comercio de servicios y operaciones de empresas estatales. Cualquier cambio en la legislación deberá estar alineado con los compromisos adquiridos en el marco del T-MEC y otros tratados.
El IMCO concluye que México debe garantizar que cualquier modificación en el sector energético respete las obligaciones internacionales, especialmente con miras a la revisión del T-MEC en 2026.
