José Medina Mora, presidente de Coparmex, alertó que la politización del sistema judicial afecta negativamente las inversiones, la generación de empleo y limita el potencial de México como un destino seguro para el capital extranjero. México ya enfrenta una crisis constitucional, que podría intensificarse dependiendo de cómo se acate la decisión de la Suprema Corte sobre la reforma judicial, señaló el líder empresarial.
“Estamos en una crisis constitucional desde el momento en que un poder no cumple con lo que otro manda. Nos encontramos en un punto decisivo para el país, que exige tomar posturas y convertirlas en acciones concretas. Por ello, estaremos muy atentos a la decisión que tome hoy la SCJN sobre esta reforma judicial y, especialmente, a cómo respondan los poderes Legislativo y Ejecutivo”, subrayó Medina Mora en una conferencia.
En vísperas del fallo de la Suprema Corte, el sector patronal se amparó en el recurso del amicus curiae para exponer argumentos en defensa de la revocación de esta reforma, debido a los efectos que tiene tanto en ciudadanos como en empresas.
“Hemos presentado un amicus curiae que refuerza los fundamentos técnicos y jurídicos en defensa del Estado de derecho y de la independencia judicial en México”, afirmó Medina Mora, enfatizando que la seguridad jurídica es fundamental para atraer inversiones. “Un sistema judicial politizado no solo aleja las inversiones, sino que afecta la creación de empleo y limita nuestro potencial como destino confiable para el capital extranjero”, agregó.
En este contexto, y al no haberse acatado las suspensiones previas y posteriores a la aprobación de la reforma judicial, la crisis constitucional se ha gestado y podría agravarse en los próximos días, afirmó Marcos del Rosario, presidente del Comité de Consejería Jurídica de Coparmex Nacional. “Si los órganos políticos no cumplen con las resoluciones de la SCJN, enfrentamos una grave crisis constitucional y una falta de Estado de derecho. En cualquier país democrático, lo que está en la Constitución debe ser respetado”, sostuvo.
José Pablo Ramos Castillo, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, subrayó que, aunque en un principio la ciudadanía no perciba los efectos directos de la reforma judicial, estos podrían ser graves, afectando la inversión y contribuyendo a futuras crisis económicas. “Estamos en crisis desde que se decidió no respetar las suspensiones de los tribunales federales. Esto debilitó la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos”, explicó.
Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, advirtió que la situación ha llevado rápidamente al país hacia una crisis constitucional. “Parece que no hay ley, ni respeto hacia lo que dicta la SCJN. De darse esta situación, el tipo de cambio podría superar los 21 pesos por dólar y habría una salida de capitales, reflejando temor en los inversionistas”, señaló Siller.
Agregó que la reforma judicial podría ser vista negativamente por agencias calificadoras, lo cual elevaría el riesgo de un cambio en la perspectiva crediticia de México.
Por su parte, Juvenal Lobato, socio director de Lobato Díaz Abogados, comentó que las consecuencias de una crisis constitucional serían principalmente políticas, pero también podrían desencadenar en el incumplimiento de sentencias. “El conflicto sería político si el Legislativo decide no acatar las decisiones judiciales; esto podría derivar en juicios políticos contra los ministros”, expresó, destacando que esto afectaría la calidad y autonomía del sistema judicial mexicano.
