El Congreso de la Unión está avanzando en la aprobación de un impuesto de 42 dólares por pasajero para los cruceros que lleguen a los puertos mexicanos, lo que ha generado un debate intenso entre la industria turística, empresarios y el gobierno. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum defiende el ajuste, las cámaras de comercio y turismo destacan los posibles efectos mixtos para las economías locales.
La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) ha advertido que esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero, podría hacer que México pierda competitividad frente a otros destinos turísticos. Según la FCCA, el costo adicional de 200 dólares por una familia de cuatro podría disuadir a los turistas, especialmente porque el turismo de cruceros genera anualmente mil millones de dólares y crea más de 20,000 empleos directos. Además, los pasajeros gastan en promedio 90 dólares por persona en las comunidades que visitan, mientras que los miembros de la tripulación aportan otros 60 dólares.
Por otro lado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) ha señalado que el impuesto podría perjudicar a las economías locales dependientes del turismo marítimo, como Cozumel, Puerto Vallarta, Acapulco y Los Cabos, donde el turismo de cruceros representa hasta el 90% de los visitantes. La Concanaco también subraya que, con una implementación adecuada, el impuesto podría ser una oportunidad para modernizar la infraestructura portuaria y atraer turismo de calidad.
La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) también expresó su preocupación, advirtiendo que México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de 3,300 escalas de buques, mientras que los puertos mexicanos se volverían mucho más caros que los del Caribe.
Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en Cozumel, propuso que el cobro del impuesto sea progresivo y se aplace hasta 2026, sugiriendo que se base en el tiempo que los turistas permanecen en el país. También planteó que parte de los recursos recaudados se destinen a mejorar la infraestructura municipal en destinos turísticos como Cozumel.
Sin embargo, la presidenta Sheinbaum defendió el ajuste, argumentando que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una modificación a un cobro ya existente. Explicó que el tema ha sido discutido con las secretarías de Hacienda, Marina y Turismo, y destacó que se ha solicitado un diálogo con las empresas navieras para abordar sus inquietudes.
