En el Paquete Económico 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene el financiamiento para los siete órganos autónomos que enfrentan la posibilidad de ser eliminados por una reforma constitucional, pero con un recorte significativo. Estos órganos recibirán un presupuesto conjunto de 4,422 millones de pesos, lo que representa una reducción anual del 16.46% en comparación con el presupuesto aprobado para 2024.
Este monto representa apenas el 0.048% del gasto neto total proyectado para 2025. Para ponerlo en perspectiva, el apoyo que Pemex recibirá el próximo año, por un total de 136,235 millones de pesos, sería suficiente para financiar a estos siete órganos autónomos en 30 ocasiones.
De estos órganos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será el que reciba la mayor cantidad de recursos, con un total de 1,680 millones de pesos, lo que supone una caída del 4.12% respecto al presupuesto de 2024. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recibirá 993.9 millones de pesos, lo que implica una reducción del 13.15% en términos anuales.
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) contará con 687.8 millones de pesos para su posible “último año de existencia”, lo que representa una disminución de 4.12% en comparación con el año pasado. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoradu) sufrirá un fuerte recorte del 42.47%, con un presupuesto de 399.4 millones de pesos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) recibirá 287.8 millones de pesos, lo que supone una caída del 32.89% en su presupuesto. Los órganos relacionados con el sector energético, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), verán recortes de 32.89% en sus respectivos presupuestos, quedando en 199.8 millones y 173.2 millones de pesos.
Cuando se publique el decreto de extinción de estos órganos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para hacer los ajustes necesarios en las leyes. Según la propuesta de reforma, las funciones de COFECE pasarán a la Secretaría de Economía, las del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y las de Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, Mejoradu se incorporaría a la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que las funciones de la CRE y la CNH serían absorbidas por la Secretaría de Energía. El INAI, por su parte, transferiría sus responsabilidades a diversas dependencias del gobierno, como la Función Pública.
